Estamos otra vez en Navidad y todo invita a salir a celebrar algo; y es que nuestra cultura es prolija en celebraciones y en especial en diciembre, en la que cada uno saca lo mejor de sí mismo. No es una maldad hablar de la realidad que azota de lleno nuestro sistema político y social y no hablo de las sospechas de corrupción política o de la falta de división de poderes en este Estado que pone en jaque a la democracia (daría para mucho), sino que no podemos olvidar sucesos menos intensos, pero no por ello poco importantes y decisivos en nuestra región, aunque no se hable de ellos.
A mitad del 2022, el Gobierno de la Región murciana creó las Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria de la Región de Murcia (ECARM), que, dicho sea de paso, eran de carácter privado, con el objetivo de supervisar las prácticas agrícolas en el campo de Cartagena y garantizar el cumplimiento de las normativas para proteger el agonizante Mar Menor.
A diferencia de otras CCAA, donde las inspecciones agrícolas son realizadas por las consejerías de Agricultura o Medio Ambiente, en Murcia, sin embargo, han sido delegadas a empresas privadas como Certifood SL y SAU Consultoría Estratégica SL que, aunque suene a extranjeras, son murcianas.
Lo más curioso es que la autorización de SAU fue escandalosamente rápida, pues esta empresa fue constituida poco antes de la aprobación del decreto y recibió su certificación provisional en un tiempo demasiado breve para lo que suele despacharse, lo que genera un tufillo a posible favoritismo. Pero lo más sorprendente, ¡¡qué casualidad!!, es que la persona que lidera SAU es la Sra. Martínez-Cachá, que también casual y previamente utilizó el cargo de consejera de Agricultura en el gobierno murciano. …»sin comentarios”.
El sistema exige que los propietarios de explotaciones agrícolas contraten los servicios de estas entidades ECARM para cumplir con las inspecciones obligatorias. Recordemos que esto tiene un coste medio de 500 €/año por finca, que cambia en función del tamaño de la explotación; un coste que se añade a otros gastos administrativos para los agricultores.
Pero estas medidas no solucionan los niveles alarmantes de contaminación en la laguna salada. Los vertidos de nitratos, principal fuente de la degradación del ecosistema, persisten con más de tres toneladas diarias vertidas, poniendo de manifiesto que las inspecciones de las ECARM no abordan la raíz del problema, que según los expertos está en el uso desmesurado de fertilizantes.
La gestión del Mar Menor sigue polarizando el entorno político regional; cada uno tira para su lado y, en este contexto, las ECARM son vistas por muchos agricultores como una herramienta que propicia intereses económicos privados.
A la postre, la eficacia de estas empresas constituidas para solventar el problema del Mar Menor es muy dudosa y la laguna continúa degradándose, de manera que es evidente que hay que cambiar el enfoque que anteponga la sostenibilidad ambiental sobre los beneficios particulares. Pero, en fin, ahora toca eso de Feliz Navidad.
Rosario Segura