El Pleno Municipal aprueba la constitución del Tribunal Económico Administrativo, que ahorrará a los lorquinos 180.000 euros al año
El nuevo modelo de TEA y su composición, una vez rectificado y corregido, tendrá como función principal resolver las reclamaciones económico-administrativas que los ciudadanos decidan presentar ante el Ayuntamiento
En la primera reunión que se realice de este organismo se decidirá sobre la reclamación presentada por el Grupo Municipal Socialista
Mª Belén Pérez, edil de Economía y Hacienda: “El alcalde de Lorca ha impulsado cambios que corrigen el sistema del anterior gobierno para que los miembros del TEA sean obligatoriamente funcionarios del Ayuntamiento que cobrarán 46 euros por reunión, en lugar de los 60.000 anuales previstos por cabeza”
27 de mayo de 2024. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Lorca ha aprobado este lunes, con los votos a favor del Partido Popular y de Vox, y la abstención del Partido Socialista e Izquierda Unida – Podemos – Alianza Verde, la constitución del Tribunal Económico Administrativo (TEA) que tendrá como primera consecuencia directa el ahorro de casi 180.000 euros en retribuciones a sus miembros, tal y como había dejado previsto el anterior gobierno local.
La concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento, María Belén Pérez, ha informado que su función principal es resolver las reclamaciones económico-administrativas que los ciudadanos decidan presentar ante el Ayuntamiento, y se someterá a los criterios de máxima transparencia y buen gobierno, en defensa del beneficio de todos los lorquinos. “Además, en la primera reunión que se realice de este organismo, se decidirá sobre la reclamación presentada por el Grupo Municipal Socialista, marcando, no solo el inicio de las actividades del TEA, sino que también que todas las reclamaciones sean atendidas con rapidez, resaltando su capacidad para actuar de manera imparcial y eficaz en defensa del interés general del municipio”.
Y ha recordado que el nuevo estándar del Tribunal Económico Administrativo y su composición, una vez rectificado y corregido, fue aprobado por parte de la Junta de Gobierno Local el 17 de mayo, y ha sido propuesto en el pleno del Ayuntamiento correspondiente al presente mes de mayo por parte del Gobierno de Lorca, quedando constituido una vez ha sido ratificado en dicha sesión.
Pérez Martínez ha manifestado que “el respeto al dinero que pagan los ciudadanos a través de sus impuestos es una prioridad absoluta para el Gobierno de Lorca, aquí no caben derroches absurdos ni decisiones arbitrarias porque hay que cuidar y otorgar aprovechamiento social hasta al último céntimo del que disponga el Ayuntamiento. Nosotros siempre hemos tenido claro, y así lo aplicamos, que donde mejor está el dinero es el bolsillo de los lorquinos, fomentando la actividad económica, la creación de empleo gracias al tejido productivo y empresarial y permitiendo a las familias desarrollar su vida cada vez con mayor grado de libertad económica mediante la bajada de impuestos y la caída de la presión fiscal”.
“Constituye una decisión directa de nuestro alcalde, Fulgencio Gil, que ya denunció en su momento el error que se cometía por parte de los anteriores responsables políticos, que suprimieron la Agencia Tributaria Local, pese a haber recuperado 27,7 millones de euros en 5 años, y quisieron cambiarlo por un ‘chiringuito’ para colocar a tres personas, dos de las cuales no tenían que ser siquiera funcionarios del Ayuntamiento, sino que podrían ser elegidas ‘a dedo’”.
Desde el Gobierno de Lorca “hemos decidido desterrar ese modelo, descartando también otros aspectos particularmente polémicos, como el establecimiento de una intervención política y la pérdida del anonimato de las deudas y cualquier otro trámite que suponga ‘filtro político’, lo que arrastraba al Ayuntamiento a sistemas de gestión propios de los años 80. Con estas correcciones consolidamos las garantías para que la puesta en marcha del TEA, un organismo que el Consistorio Municipal está obligado a poner en marcha de acuerdo con la normativa legal vigente, no suponga un perjuicio económico que tenga que ser soportado por los contribuyentes, y se implante conforme al sentido común y la lógica, no con sueldos estratosféricos que convertían al TEA en una carga”.