Esto de la lotería, las apuestas deportivas o los casinos, genera anualmente ingresos significativos para las arcas del Estado. En España, una parte importante de los premios está sujeta a impuestos. Los jugadores afortunados que ganen premios grandes deben abonar un 19% de lo obtenido a Hacienda. Este porcentaje, representa un mecanismo de recaudación que alimenta las finanzas públicas a expensas de una actividad que puede fomentar problemas sociales como la ludopatía.
El sector de los juegos de azar, como casas de apuestas y demás produce miles de millones de euros al año, y el Estado se beneficia tanto directa como indirectamente, ya no solamente con el tanto por ciento que recauda hacienda de cada premio, sino además las empresas que operan juegos de azar pagan tasas y licencias que también contribuyen a las arcas estatales.
En el caso de la Lotería Nacional, la de Navidad, el Niño y otras, gran parte de las ventas de boletos se destina a los premios, pero el remanente constituye un ingreso directo para el Estado.
Personalmente me sorprende la hipocresía en las políticas del juego, pues, por un lado, el Estado promueve el juego de azar mediante campañas publicitarias atractivas y el mantenimiento de entidades como Loterías y Apuestas del Estado. Estas campañas apelan a la emoción y a la esperanza de cambiar la vida con un golpe de suerte. Sin embargo, por otro lado, impulsa programas para prevenir la ludopatía y limita la publicidad de operadores privados de apuestas.
Este doble discurso genera una evidente contradicción, se combate el exceso de juego mientras se alienta su consumo como una forma lícita y hasta deseable de contribuir a la sociedad. Esta situación lleva a cuestionar si la prioridad es realmente el bienestar ciudadano o la recaudación fiscal.
Soy de la opinión de que, en lugar de invertir en juegos de azar, donde una gran parte del dinero se pierde en probabilidades desfavorables y en impuestos, los ciudadanos podrían destinar esos fondos a causas con un impacto directo y positivo. Por ejemplo, las donaciones a asociaciones benéficas, donde el dinero podría dirigirse a organizaciones que trabajan en educación, salud o ayuda social, o a inversión personal, donde se tiene en cuenta el ahorro o invertir en proyectos personales ofreciendo mayores posibilidades de generar dinero a largo plazo.
El juego de azar plantea un dilema ético y fiscal. Aunque es una fuente importante de ingresos para el Estado, también fomenta comportamientos problemáticos y perpetúa desigualdades económicas. Es necesario un debate más profundo sobre cómo equilibrar la recaudación fiscal con la protección de los ciudadanos y cómo fomentar alternativas que realmente beneficien a la sociedad en su conjunto.
¿LOTERIAS Y APUESTAS? por Rosario Segura
