Abran paso al torniquete, que el festín de los despachos no se paga solo. Para entender por qué al currante se le queda cara de tonto a final de mes no hace falta un máster en economía, basta con asomarse a la ventanilla del negocio o mirar la cuenta corriente: el autónomo y la pequeña empresa se han convertido en el cajero automático del Gobierno.
Mucha justicia social en los discursos, pero cada vez más asfixia para quienes levantan la persiana cada mañana. Al autónomo ya no le basta con trabajar, atender a sus clientes y sacar adelante su negocio. Cada vez tiene más burocracia, menos libertad para gestionar su propio dinero y más cargas económicas. Y todo ello mientras las cuotas, los impuestos y los costes laborales siguen aumentando. Asfixia pura con sello oficial.
Por si el nudo en la garganta no fuera suficiente, llega la artillería fiscal, que parece no tener límite de munición. Nos vendieron modernidad con la Tasa Tobin y la Tasa Google, nos colocaron el impuesto al plástico y añadieron gravámenes a la banca y a las energéticas, cuyos costes terminan repercutiendo, directa o indirectamente, en los bolsillos de los consumidores.
En los impuestos de cada día tampoco hay tregua: el IRPF penaliza a quienes ven subir sus ingresos nominales sin ganar poder adquisitivo por culpa de la inflación, gracias a la conocida «progresividad en frío». Se limita además la capacidad de desgravar por los planes de pensiones y se encarecen con la subida de impuestos hasta asegurar el coche y la vivienda. Todo tiene su correspondiente peaje y , por supuesto, siempre envuelto en algún bonito eslogan de justicia, sostenibilidad o solidaridad.
Al final, el ciudadano paga cuando trabaja, cuando consume, cuando ahorra, cuando contrata un seguro y hasta cuando intenta preparar su jubilación. Cada necesidad tiene su correspondiente peaje y cada nuevo impuesto viene acompañado de un nombre atractivo: sostenibilidad, equidad, solidaridad o modernización fiscal. Lo verdaderamente moderno sería que alguna vez se plantearan lo contrario: gastar mejor, simplificar la maraña tributaria y dejar algo más de dinero en el bolsillo de quienes lo generan.
En la vivienda, el intervencionismo ideológico roza el disparate y ha terminado generando el efecto contrario al prometido: propietarios que retiran sus inmuebles del alquiler tradicional, menos oferta y más presión sobre los precios. El Estado sigue descargando una parte de su responsabilidad social sobre el propietario particular, que puede encontrarse pagando los gastos de una vivienda que no puede recuperar mientras espera una solución administrativa o udicial.
Y, por si la política de vivienda no fuera suficiente, llega la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular. El Gobierno ha abierto la puerta a un proceso que recibió casi 1,2 millones de solicitudes, una operación de enorme dimensión que merece algo más que un titular triunfalista. No se trata de conceder automáticamente papeles a todo el mundo, pues existen requisitos y controles, pero sí de una decisión que plantea interrogantes sobre la capacidad de nuestros servicios públicos, la disponibilidad de vivienda, la integración laboral y los recursos que necesitarán los ayuntamientos. Regularizar administrativamente es una cosa; garantizar empleo, alojamiento, sanidad, educación e integración efectiva es otra muy distinta. Porque los grandes anuncios se hacen desde La Moncloa, pero la gestión cotidiana termina recayendo sobre los municipios y los ciudadanos. Mucha política de grandes gestos y muy poca explicación de quién tendrá que asumir la factura.
El sainete alcanza tintes dramáticos en el ferrocarril. Mientras Óscar Puente repartía pines para celebrar el proyecto del AVE a 350 km/h, una velocidad todavía sin servicio comercial, la realidad ofrecía otra cara: retrasos, averías, restricciones y dos tragedias, Adamuz y Urda, con 115 fallecidos. A ello se suman los problemas de Rodalies y los incendios que han puesto en peligro a viajeros. Mucha propaganda, muchos pines y fotografías, pero unas infraestructuras que reclaman atención y seguridad.
El sainete alcanza tintes dramáticos en el ferrocarril. Mientras Oscar Puente se dedica a repartir pines conmemorativos de «350 km/h» entre sus conmilitones para condecorarse por hitos que ni ruedan en las vías ni están homologados en servicio comercial, la red real se desmorona a pedazos. Retrasos crónicos, y una secuencia dramática de accidentes: desde los choques y descarrilamientos en Rodalies (Vacarisses, Castellgalí, Montcada) y el convoy cercado por las llamas en Bejís, hasta la colisión en Ardamuz y Urda dejando 115 muertos y los fallos de seguridad que convierten cada viaje en una ruleta rusa. Pura propaganda de escaparate pagada con dinero público frente a unas vías que claman auxilio.
La gestión de las emergencias deja idéntico rastro de frialdad y desdén institucional : estados de alarma inconstitucionales durante la pandemia con compras de material bajo lupa judicial; la parálisis de Filomena; la avalancha en Ceuta; las familias del terremoto de La Palma mendigando ayudas atascadas en la burocracia; el drama de la valla de Melilla (2022) despachado como un asunto «bien resuelto»; o el temporal de la DANA en Valencia, enfangado en el pulso político y coronado por aquel gélido «si quiere más recursos, que lo pida».
Y si no tuvimos suficiente con la primera, una segunda avalancha, que algunos llamamos invasión , en los cuales me incluyo, porque la crisis migratoria no es incompatible con las ganas de “palabrota mal sonante…” a España por parte de Marruecos, de casi 100.000 persona, con un montón de muertos, alrededor de 145, que parece que a nadie importa. y una ciudad Ceuta totalmente colapsada.
Y para no olvidar, la frase «Nunca va a haber apagones en España» pertenece al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien la pronunció en el Senado en el año 2022. Asimismo, en noviembre de 2021, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, defendió una postura similar en sede parlamentaria calificando la alerta de un gran apagón como un «bulo de la extrema derecha» . ¿Os acordais del 28 de abril de 2025?, pues eso….
Todo este panorama flota sobre un lodazal judicial de proporciones colosales: la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo investigando comisiones millonarias en contratos sanitarios
ROSARIO SEGURA PEREZ MUELAS